La especialista en ciencias políticas y participante del Grupo de Puebla, Silvina Romano, señaló que las críticas sobre la resolución condenatoria de 10 años de prisión para Jeanine Áñez no se manifiestan legal y formalmente, y añadió que sólo son “apreciaciones” mediáticas cuyo fin es promover la inestabilidad democrática de Bolivia. Tal es el caso de las amenazas vía redes sociales sobre un informe del funcionario de la ONU, Diego García-Sayán, que se emitiría la próxima semana, pero que en caso alguno tiene fuerza jurídica.
Silvina Romano agregó que el dictamen hecho por los tribunales sobre las gravísimas prácticas violatorias de la Constitución y las leyes por parte de Áñez, resultan fundamentales a la hora de las curaciones sociales que exigen los traumas golpistas en materia de verdad, justicia y memoria.
Igualmente, la también cientista política del Grupo Jurídico de Puebla, Gabriela Rivadeneira, dijo que los argumentos empleados por la Fiscalía, más allá del rol jugado por la propia Áñez, explican la injerencia violatoria del Derecho Internacional de los gobiernos derechistas del continente en los acontecimientos de noviembre de 2019, y en particular, del jefe de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, extensión de los intereses pentagonistas.
Rivadeneira acentuó el valor de la sentencia contra Jeanine Áñez en el denominado caso Golpe de Estado II, como una señal inapelable para aquellas fuerzas que acostumbran a conducirse con total impunidad cuando echan mano al terrorismo de Estado contra la población inerme.
AFC/EnLaPirqa
