El inicio de procesos por las masacres de 2019 debe ser resuelto por el Órgano Judicial, aseguró ayer la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Señaló que la administración del presidente Luis Alberto Arce Catacora es respetuosa de la independencia de los poderes del Estado.
En breve contacto con los periodistas, explicó que la interrupción del orden constitucional entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 ha derivado en una autoproclamación ilegal que violentó la normativa vigente, ilícitos establecidos penalmente como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por lo que ya existe una sentencia.
Dijo que esa toma del poder por la fuerza ha llevado a violación de los derechos humanos y ejecuciones sumarias, entre otros, que están pendientes de resolución por el Órgano Judicial, conforme establece la norma.
“Ese tema debe ser resuelto en el mecanismo de la justicia, así como ocurrió con el caso Golpe de Estado II por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que inició en julio de 2021, y que ha concluido con todos los procedimientos hasta terminar con una sentencia”, sostuvo.
La Viceministra de Comunicación dejó claro que el caso Golpe de Estado II se centró exclusivamente en las acciones realizadas por una senadora de oposición que fue parte de la ruptura del orden constitucional para hacerse del poder violentando la Constitución Política del Estado y los reglamentos de debates de las cámaras Alta y Baja, para las que dentro de la legislación boliviana no se establece juicio de privilegio o de responsabilidades.
“Esa interrupción de la democracia ha generado ejecuciones sumarias, graves violaciones a los derechos humanos y ése es un tema que está pendiente, y donde tiene que definirse es en el Órgano Judicial como corresponde”, precisó. Además señaló que la administración del presidente Luis Alberto Arce es respetuosa de la independencia de los poderes constituidos en el país.
