El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, afirmó que el nuevo Gobierno de Gustavo Petro tendrá que hacer frente a las más importantes transformaciones que se requieren para conquistar una Colombia en paz, como la integración política y económica de la población, sin destrucción ambiental y desde nuevas perspectivas de los conceptos de Seguridad y Derechos Humanos.
La insurgencia rojinegra indicó que los factores que obstaculizan el fin del conflicto armado y la violencia política son la concepción de considerar como enemigo del Estado a las propias comunidades del país, lo que descarta los diálogos y aplica la más brutal fuerza sobre los pueblos excluidos; así como opera la variable perversa y violenta que ha convertido al establecimiento en un régimen basado en la corrupción y el crimen organizado.
El ELN explicó que la discriminación histórica practicada por los grupos dominantes respecto de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las clases empobrecidas del campo y la ciudad, se volvió una causa poderosa para las manifestaciones de protesta de aquellas fuerzas sociales alternativas que incluso han buscado ser parte del tablero político; pero que hasta ahora, sólo han recibido criminalización en todas sus formas, desde políticas hasta mediáticas, pasando por la violencia paramilitarista.
El Comando Central de la guerrilla planteó que la mundialización de la ortodoxia liberal, acentuada desde inicio de los 90 del siglo XX mediante los denominados Tratados de Libre Comercio, TLC, benefician la dependencia importadora y acaban con cualquier posibilidad de producción propia. En consecuencia, sin plazas de trabajo formal y decente, se ha multiplicado el empleo basura e informal, la cesantía crónica, la desigualdad en los sectores medios; mientras que alrededor del 50 por ciento de la riqueza socialmente generada es destacada a pagar al Fondo Monetario Internacional, FMI, una deuda externa ilegítima y odiosa, tomada por las clases dirigentes, a costa del empeoramiento dramático de los sistemas sanitario y de enseñanza públicos.
La clase terrateniente ha arrebatado más de ocho millones de hectáreas al campesinado, a través del desmontaje de las tímidas reformas agrarias, verdadero robo de suelo que arrojó a los obreros agrarios y campesinos a las plantaciones ilícitas y a la migración a las urbes, dijo el ELN.
Asimismo, la insurgencia sostuvo que cambiar la agricultura de especies ilegales solamente es una de las condiciones necesarias para terminar con la industria del narcotráfico. El fenómeno no finalizará así como así, considerando los negocios ligados al comercio internacional de drogas, sus fábricas de procesamiento y el lavado del narco-dinero. La derrotada lucha contra el narcotráfico, tras medio siglo de calamidades, exige medidas acordadas con los gobiernos de los países demandantes.
Igualmente, el ELN expresó la importancia de convenir ampliamente un método para llevar adelante la transición energética y enfrentar rápidamente la crisis ambiental, sin que ello signifique perder la soberanía en materia de energías ni continuar con el ecocidio extractivista.
De este modo, la organización revolucionaria expresó que si el Gobierno de Petro aborda adecuada, democrática y concretamente los aspectos antes señalados, contará con el apoyo de los movimientos sociales y populares del país, que en los recientes 2019 y 2021 han manifestado contundentemente sus requerimientos.
El ELN finalizó, reafirmando sus modos de resistencia político-militares, y dejando claro que están absolutamente dispuestos a continuar caminando sobre un proceso de paz, violentamente cercenado por el régimen uribista, pero que puede restaurarse a través de la mesa de conversaciones entre el Estado y la guerrilla que comenzó en febrero de 2017, en Ecuador.
