Los políticos que asistieron la conspiración golpista de noviembre de 2019 fueron llamados por la Fiscalía Nacional para ofrecer su testimonio e información en el denominado caso golpe de Estado I.
El representante de la coordinación que promueve la justicia para empezar a reparar la destrucción transitoria de la democracia en el país, Aldo Michel, afirmó que el golpe fue una acción cuyo plan se elaboró el 10 de noviembre en la Universidad Católica boliviana, UCB.
En la ocasión, representantes de la derecha oligárquica y racista tutelados por el empresario Luis Fernando Camacho, organizaron la ocupación de las entidades públicas, sincónicamente con la insubordinación de la policía de Cochabamba y el estado mayor de las Fuerzas Armadas.
Más tarde trascendió, de acuerdo al mismo Camacho, que los cuerpos estatales armados acordaron no involucrarse en las protestas contra Evo Morales, de manera cómplice, con el fin de colaborar estratégicamente con la creación de un clima de inestabilidad política.
Por su parte, la cúpula de la iglesia católica, violando la Constitución, la separación entre la iglesia y el Estado, y sus propios principios dialogantes, fungió como el instrumento facilitador que propició un encuentro secreto, sedicioso y antidemocrático con liderazgos políticos de la oposición derechista, sin el Ejecutivo ni el MAS, con el fin de que ilegalmente la senadora Jeanine Áñez, congresista secundaria, se hiciera del poder en Bolivia.
Ya el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, agente del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, había inventado un informe sin base ni fundamento para dañar la legilitimidad y legalidad de las elecciones que dieron por ganador a Evo Morales. Asimismo, los presidentes derechistas y correa de transmisión de los intereses pentagonistas, Mauricio Macri de Argentina y Lenín Moreno de Ecuador, se aprestaban a enviar material de guerra y represión social para consolidar el golpe de Estado.
