El golpista de extrema derecha y gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, esta vez utilizando el peregrino argumento del cambio de fecha del Censo Nacional, un cronograma modificado de consenso por el Consejo Nacional de Autonomías el 7 de julio en Casa Grande del Pueblo para ejecutarlo el 2024, amenazó con un paro para el próximo lunes 25 de julio si el Gobierno central no se ajusta a lo que él quiere. Al respecto, vale recordar que el separatista Camacho ni siquiera asistió al encuentro del Consejo para representar su posición.
De acuerdo al viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, cada día de paro significa una pérdida de 32 millones de dólares para el departamento santacruceño, cuestión que daña significativamente la economía de la región.
Ahora bien, la persistente búsqueda y cruzada sobre la que está montado Camacho para intentar inestabilizar el país, no es secundada ni por las propias autoridades del oriente. De hecho, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, ya aceptó reunirse este viernes 22 de julio con representantes del Gobierno nacional para resolver mediante el diálogo cualquier tipo de diferencias respecto del Censo. Misma disposición demostró el sistema de universidades públicas de la localidad.
Claramente, Fernando Camacho y su brazo de adherentes llamado Comité Cívico pro Santa Cruz, utiliza cualquier excusa administrativa para politizar los debates y tratar de ganar incautos para su causa antisocial.
Por otra parte, las fuerzas sociales agrupadas en el MAS de la zona, advirtieron que, de concretarse el paro de Camacho, organizarán la revocatoria contra el golpista, tal como lo faculta la Constitución, a causa de las afectaciones que sufriría la población de la región.
La propia Federación de Asociaciones Municipales del país declaró que, contrario a lo que quiere Camacho, el Censo no puede materializarse el 2023 debido a los requerimientos técnicos que aún no han construido, en particular, los departamentos altiplánicos, cuyos gobernadores solicitaron la prórroga censitaria.
Lo cierto es que el Gobierno está presto al diálogo, pero Camacho quiere imponer sus reglas sin siquiera haberse “presentado al partido”.
