El Comando Central del Ejército de Liberación de Colombia, ELN, señaló que el Gobierno, en el contexto de la llamada Paz Total, mediante un proyecto legal busca ofrecerle un estatuto proveniente del Derecho Internacional a organizaciones que emplean la violencia con fines gananciales y lucrativos, como el narcotráfico, cuando esa figura está reservada para las fuerzas políticas opositoras al Estado capitalista y cuyos objetivos son el mejoramiento de la condición humana y la justicia social.
El ELN se manifestó contrario a disfrazar con el Derecho Humanitario a grupos criminales que nada tienen que ver con la conducta ética y fines de la insurgencia política. Al respecto, la agrupación rojinegra indicó que, por ejemplo, los mandos responsables de una guerrilla carecen de toda homologación con el sicariato de la narco-industria, el cual es parte de un entramado del despojo y la acumulación privada de riqueza malhabida.
Asimismo, el ELN indicó que un plan de Desarme, Desmovilización y Reinserción, DDR, planteado por el Gobierno en términos generales, no está destinado únicamente al paramilitarismo utilizado por las oligarquías y sus intereses, sino que pretende afectar a las fuerzas revolucionarias del ELN con la finalidad de exterminarlas, tal cual se hizo con las Farc y su sonado fracaso en materia de paz.
En ese sentido, la insurgencia de Camilo Torres dijo que una cuestión es desbaratar grupos criminales, y otra muy distinta es promover una ley que blinde de impunidad y prerrogativas a los jefes de los carteles asociados a poderes económicos, políticos y de las Fuerzas Armadas, causantes del genocidio del pueblo colombiano.
No es posible, indicó el ELN, confundir como un conflicto bélico más la lucha por la emancipación social de las clases populares y trabajadoras respecto del paramilitarismo asesino y el narcotráfico destructivo en todos los planos, metiendo bajo la alfombra las responsabilidades que le caben al Estado colombiano y a la Casa Blanca en las masacres sistemáticas contra la población inerme. La distinción sustantiva y necesaria de esas disputas no está presente en el proyecto legislativo ofrecido por la actual administración del Ejecutivo.
Finalmente, la guerrilla rebelde fue vehemente en reafirmar su compromiso con el diálogo nacional conforme a la participación protagónica del conjunto de la sociedad, y que mantendrá su organicidad, sus modos de resistir, su ética humanista y respetuosa de la naturaleza, sus programas y su proyecto político, hasta que no se desenvuelva una salida negociada y pactada que contemple las transformaciones que beneficien las necesidades, derechos e intereses democráticos del pueblo colombiano.
