Este jueves 8 de septiembre, el jefe de la cartera de Justicia, Iván Lima, informó la creación de la Dirección General de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios con el propósito de dar cuenta y resolver expeditamente los requerimientos de los sectores más vulnerables de la población preexistente.
En el poblado de Tunitas del municipio de Charagua en Santa Cruz fueron detectados miembros de la comunidad indígena sufriendo abiertamente la explotación y la servidumbre; mientras que en Tacana II se pidió al Gobierno la dotación de Tierras Comunitarias de Origen, donde habita una comunidad originaria que ha vivido completamente aislada del resto del devenir del país. En el mismo sentido, el pueblo Uru chipaya solicitó ayuda sanitaria y educativa. Por ello, la nueva unidad gubernativa inició su trabajo inmediatamente.
En el mismo orden, el Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, emitió un decreto normativo para la Ley 450 del 4 de diciembre de 2013, que constituyó rápidamente el Comité de Protección Pueblos Indígenas Originarios de Alta Vulnerabilidad, compuesto por las reparticiones de Educación, Salud, Desarrollo Rural y Tierras, y Culturas, con el objetivo de privilegiar la atención estatal de las reivindicaciones de las fracciones sociales de las 36 naciones y pueblos indígenas que aún padecen los embates de la pobreza.
