Entrevista con Aníbal Montes de Oca, analista político, especialista en Derechos Humanos, experto en conflicto y temas de democracia directa.
-El presidente Petro conducirá el proceso de paz con visión de paz total, mientras los comandantes del ELN han planteado un interrogante: ¿la paz total es solo desarme y desmovilización?, y la opinión publica se pregunta, ¿qué ha hecho el ELN por las transformaciones sociales?
Me parece oportuna la anterior pregunta, y como conocedor de buena parte de la trayectoria de las guerrillas en varios territorios rurales y urbanos haré una sucinta memoria de los intentos de las
guerrillas y en este caso particular del ELN por las transformaciones sociales.
Lo primero que debemos tener en cuanta es que el ELN surge en un contexto histórico de exclusión política de los movimientos de izquierda por parte del régimen del Frente nacional (1957-1974) y de un momento de florecimiento del sentimiento antiimperialista y democratizador que a partir de 1959 despertó la Revolución Cubana.
El ELN a diferencia de las FARC, nació como una guerrilla que aspiraba a disputar por la vía
insurreccional el poder a la clase gobernante. Las FARC fundamentaron el alzamiento como
resistencia armada para exigir del Estado paz y un Programa Agrario (1964). Posteriormente las
FARC en 1983 incluyó un Programa de carácter nacional y un plan estratégico de cerco militar a
Bogotá para tomar el poder y adoptaron el nombre de FARC-EP.
El ELN se alzó por la toma del Poder a nivel nacional para desarrollar el Programa de Simacota (1964), complementado en 1965 por el Programa del Frente Unido, un movimiento político liderado por el sacerdote Camilo Torres Restrepo. El ELN en 1986 incluyó en su programa la lucha por el Socialismo.
El Programa de Simacota aspira a reafirmar la independencia y soberanía de Colombia, sin
alinderamiento internacional con ninguna potencia. Y la democratización del país con un régimen
incluyente, que se encargue de hacer la reforma agraria y urbana. Que garantice la educación y
salud gratuita a toda la población. Que desarrolle la ciencia y la tecnología acorde a un plan de
industrialización del país, y que tenga unas fuerzas armadas ajenas a la represión y amantes de la
paz.
El ELN desde su fundación en 1964 hasta 1976 redujo su trabajo político organizativo a constituir
bases de apoyo rurales y urbanas para fortalecer las guerrillas, dado que exclusivizó la lucha
armada. A partir del golpe de Anorí, dado por una operación de las Fuerzas Armadas estatales que
aniquiló al norte del departamento de Antioquia la mayor columna guerrillera del ELN, ocasionándole pérdida de capacidad de Mando centralizado y una aguda crisis ideológica y política, situación que llevó a los, por la época, denominados reductos del ELN, a una etapa de
reflexión y reconstrucción interna de 1976 a 1983.
Entre las enseñanzas que el ELN destaca en sus documentos internos, aprendidas del golpe de
Anorí están que el ELN debía de dejar de ser una guerrilla nómada para ser una guerrilla enraizada en los territorios; el ELN debía de dejar el mando vertical para ser una guerrilla con democracia
política interna; el ELN debía de mantener un sistema de planeación, evaluación y cualificación; el
ELN debería tener un sistema de formación integral y especializado de sus integrantes.
El ELN culminó las dinámicas de rectificación y reconstrucción de su tejido insurgente en1983;
un resurgir de las cenizas logrado gracias a que desde su surgimiento tenía un fuerte arraigo social
en el movimiento campesino, obrero y estudiantil, así que fueron los militantes nacidos de esos
movimientos que complementados con la visión de algunos curtidos lideres guerrilleros plasmaron
las reflexiones sobre los fracasos convirtiéndolas en nuevos desarrollos organizacionales.
Para la década de los años 80 del pasado siglo el ELN, las FARC y otras guerrillas de diferentes
vertientes ideológicas, progresistas, comunistas, maoístas y guevaristas, confluyeron en un formidable movimiento que, rebasando al movimiento campesino y obrero, tomó fuerza como movimiento cívico popular urbano, que agrupaba a diversos sectores sociales, desde los marginados hasta sectores de clase media, todos inconformes por el atraso y la dependencia del país.
El despegue del movimiento cívico popular se dio en el paro cívico contra “la vida cara” de 1977,
que en sus memorias Alfonso López le achaca a una supuesta conspiración de Berta Hernández de
Ospina, una fantasía del entonces presidente. La verdad es que el paro se dio porque la juventud rebelde, entre ellos militantes del M19 y en menor medida del ELN, se unieron a las mayorías empobrecidas para protestar.
El paro cívico del 14 y 15 de septiembre de 1977 fue reprimido brutalmente por el ejército y la
policía, que a garrote y bala ocasionaron 33 muertos, 3.000 heridos y miles de detenidos y un estado de crispación social que motivo a miles de jóvenes urbanos a unirse a la guerrillas, más con el objetivo de agitar al pueblo que para empuñar las armas.
Las elites del país y de los Estados Unidos en esos tiempos de guerra fría, calificaron la
inconformidad y la rebeldía de conjura del comunismo internacional. Así fue como Julio César
Turbay Ayala (1978-1982) gobernó aplicando un Estatuto de Seguridad que le otorgaba facultad a la Fuerza militar para detener y allanar sin orden judicial, detener e interrogar a una persona hasta por 14 días sin presentarlo ante un juez y sin asistencia jurídica, generalizando la tortura y los
arbitrarios consejos verbales de guerra.
En ese entonces (1978-1982) fueron famosas las tenebrosas caballerizas de Usaquen, como centro
de tortura. En muchos otros cuarteles del país los jóvenes hombres y mujeres fueron torturados, la
mayoría de ellos aunque eran inconformes y militantes revolucionarios, no eran guerrilleros, pero
ante la persecución y la indignación nutrieron posteriormente las guerrillas, las que así aumentaron
su capacidad política, militar y organizativa.
De tal manera en la década de los 80 bajo el influjo del movimiento insurgente surgieron organizaciones políticas tales como la UP, A luchar y el Frente Popular. Poco antes, la Anapo
Socialista había formado los cuadros que nutrieron el M19. Estas organizaciones entre 1984 y
1994, fueron objeto de una ofensiva genocida, sobre todo la UP. El sueño de los militantes de esos
movimientos político populares era intentar crear condiciones para pasar de la lucha armada a la
lucha política legal. Para asesinar esos sueños fue organizado el paramilitarismo, inicialmente
conocido como MAS y luego como AUC.
A tal punto que el auge del movimiento popular del periodo 1984 a 1993, incidido por la izquierda
legal y la insurgencia, fue apagado por la ofensiva genocida que asesinó a aproximadamente 5.000
lideres políticos.
De otra parte, comenzando la década de los 90 del siglo XX inició la mayor expansión de la
insurgencia por todo el territorio nacional. Esa expansión no fue solo militar. Las guerrillas
respaldaron las dinámicas comunales y asociativas, para la conformación de tiendas comunitarias,
cooperativas, asociaciones y comités de pobladores, además impulsaron las normas de convivencia comunitaria, que regulan los procedimientos para resolver los conflictos, mantener el orden ciudadano y la seguridad, regular el comercio, la ecología y el medio ambiente, en extensas zonas.
Adicional las insurgencias alientan a las comunidades en muchas regiones para que fortalezcan sus
organizaciones gremiales, sociales y territoriales.
Desde el año 1993 hasta 2006 hubo el mayor auge militar de la insurgencia, que contaba con
extensos territorios de base popular organizada. Entonces las fuerzas contrainsurgentes lanzaron una nueva ofensiva genocida, con bloqueo comercial, educativo, de salubridad y masacres de
pobladores en operaciones conjuntas de paramilitares y militares, ofensiva iniciada con la
legalización de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Vecinal mal llamadas Convivir en 1994
y cerraron el ciclo de máximo terror en 2006 con el Acuerdo de Realito.
En 12 años de terror de 1994 a 2006 las fuerzas estatales junto a las paraestatales desterraron cerca de 4 millones de pobladores y despojaron más de 5 millones de hectáreas de tierras, así destruyeron por siempre gran parte del tejido social que el campesinado había construido en más de medio siglo.
A partir de 1998 las elites políticas y económicas abrazaron el plan Colombia, diseñado, financiado
y dirigido por los Estados Unidos, publicitado como guerra contra el narcotráfico, pero que como lo
atestigua Juan Manuel Santos, en su libro “Las guerras por la paz”, fue un plan netamente
contrainsurgente, no solo por el salto en la capacidad militar para golpear a las guerrillas, si no
fundamentalmente por ser el motor del terror paramilitar que produjo el destierro y el despojo.
En el año 2002, el ELN inició otro proceso de readecuación táctica, para resistir la gran ofensiva
dirigida a derrotar la insurgencia que en esta ocasión el gobierno de los Estados Unidos la
encaminaron a producir la derrota estratégica de las FARC y del ELN. En medio de la desolación
de los campos de 2004 a 2006, el ELN se vio forzado a hacer nuevos ajustes encaminados a
reconstruir el tejido social rural y urbano, en los asentamientos territoriales que continuaban con
potencialidad insurgente, así mismo tuvo que adecuar las modalidades y capacidades para resistir
la ofensiva esta vez sí imperial.
Desde 1986 el ELN asumió el Socialismo, y le dio importancia estratégica a la construcción, junto
a otros revolucionarios, de la organización de vanguardia política de las clases explotadas. Al
mismo tiempo, el ELN mantiene una reflexión crítica a las formas de poder autoritario, y asume
desde entonces la concepción de construir Poder Popular, que lo entiende como el ejercicio de la
democracia participativa directa y asamblearia, que genere sentido de pertenencia, cuidado y
defensa para con los bienes, obras, emprendimientos y los intereses comunales y nacionales.
De esa manera en los últimos 36 años el ELN apoyó variadas formas de construcción de poder
popular local y regional, el cual ha recibido feroces ofensivas de las fuerzas que defienden el
modelo neoliberal, apoyadas en el narcotráfico.
En esa lucha el ELN, que por negligencia o seguridad no publicita, ha desarrollado capacidades de
resistencia para mantener y reconstruir territorios, y ha contribuido en la construcción de centenares o quizás miles de pequeñas obras públicas, promoviendo redes de salud comunitaria, desarrollo de vialidades comunales, escuelas primarias, emprendimientos agropecuarios, y formas de seguridad comunitaria.
El ELN, tal como en su momento lo hizo las FARC, contribuye junto a las comunidades a la
preservación de ríos, bosques, ciénagas y suelos; pero en ocasiones la fuerzas destructivas del
paramilitarismo en asocio con las transaccionales y el Estado han vencido a las comunidades y la
insurgencia. Y en otras los elenos han aflojado, a la hora de exigir la aplicación de las normas y
controles tanto guerrilleros como comunitarios para frenar los daños ambientales y ecológicos que
ocasiona la megaminería y la deforestación a gran escala.
El ELN, entre 1980 hasta 1994, hizo resistencia para no permitir los cultivos de coca y amapola en
los territorios, pero fue rebasado por la presión de los campesinos. Entre 2012 a 2013, el ELN apoyó la decisión de las comunidades de Arauca de reemplazar la coca por plátano, cacao, arroz y
ganadería, lo cual lograron y mantienen por voluntad de las mayorías.
Puedo afirmar por lo que he vivido en algunas regiones de mi Colombia, por mis intercambios con
guerrilleros y vecinos de las comunidades, y por lo que he estudiado sobre el conflicto, que el ELN
es esencialmente una organización revolucionaria, que muy a pesar de sus errores, desaciertos y
falencias, mantiene un fuerte arraigo popular e influye en la política del país. El ELN es una
organización insurgente y más que una fuerza armada quizás mermada o maltrecha, es una fuerza
política de entraña popular que labra su propia dignidad.