La filtración del hackeo masivo a los correos institucionales del Estado Mayor Conjunto no sólo develó hechos aberrantes como la colecta organizada por el Vicealmirante de la Armada Ramiro Navajas para financiar la defensa de violadores de DD.HH., sino también situaciones en extremo preocupantes de persecución y seguimiento político a organizaciones políticas de izquierda y a movimientos sociales de diversa índole.
El hackeo a los correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) puso sobre la palestra la inoperancia de los mandamases de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, pero a la vez reveló la persecución y seguimiento a una amplia gama de organizaciones sociales y políticas.
Las y los abajo firmantes denunciamos firmemente los casos de clara persecución, espionaje y seguimiento político realizados por las Fuerzas Armadas y policiales reflejados en los correos hackeados que se realizaron a organizaciones de izquierda, populares, de DD.HH. y sociales. Este es un ejemplo claro de cómo estos organismos sostienen la tesis del enemigo interno y cómo utilizan recursos públicos para perseguir a las disidencias y frenar las luchas populares, de la juventud, de las mujeres o de los trabajadores.
No podemos olvidar el escándalo previo a esta situación que significó el llamado “PacoLeaks” que reveló en plena rebelión del 2019, cómo carabineros y especialmente su departamento de Inteligencia realizaba seguimientos a organizaciones sociales, sindicatos, dirigentes medioambientales y políticos. Los propios correos hackeados del Estado Mayor Conjunto revelan que posterior a este escándalo dichos seguimientos se mantuvieron impunemente en los meses y años posteriores.
Vemos con preocupación esta situación en un marco de medidas represivas que no han frenado sino que lo contrario, han seguido desarrollándose y profundizando bajo el gobierno de Gabriel Boric, con la militarización en el territorio mapuche y la inaceptable represión a manifestaciones y asambleas estudiantiles, mientras los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el estallido social siguen impunes.
Situaciones como las filtradas en los correos hackeados deben ser amplia y firmemente denunciadas y repudiadas, y los responsables políticos y materiales de estos seguimientos no pueden quedar en impunidad.
El llamado es a las organizaciones de Derechos Humanos, de izquierda, sindicales, del movimiento de mujeres, estudiantiles y populares, a firmar esta declaración en repudio a esta situación y a mantenernos alerta, organizados e independientes de este Estado y sus instituciones. No podemos permitir ni naturalizar la represión ni el espionaje ni persecución política, que nos recuerdan los tiempos más oscuros de la historia reciente del país, cuando se perseguía y reprimía a las disidencias políticas por el hecho sencillamente de organizarse.
Primeras organizaciones e individualidades firmantes:
Comisión Ética Contra la Tortura
Asamblea de Familiares de presos políticos
Grupo de apoyo a presos políticos, GAPP
Madres de Plaza Colón
Agrupación de Víctimas de Violencia Policial
Fundación por la Memoria de San Antonio
Comisión de DD.HH. Tocopilla
Mujeres por Justicia y Contra la Impunidad
Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación Antofagasta
Sindicato Provincial Obreros de la Construcción San Antonio
Asamblea Territorial La Pincoya
Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso
Paola Palomera, madre de preso político de la revuelta
Tania Parada, pareja de preso político de la revuelta
Verónica Verdugo, madre de preso político de la revuelta
Claudio Nash, académico Facultad de Derecho UCH
Rodrigo Román, abogado de DD.HH.
Fernando Leal Aravena, abogado DD.HH.
Daniel Vargas, abogado DD.HH.
Yerko Scheihing Sepulveda, abogado DD.HH.
María Rosa Izquierdo Ilufi abogada DD.HH.
Vannia Giselle Toledo Campos, abogada DD.HH.
José Henríquez Muñiz, abogado DD.HH.
Natalia Sánchez, Concejala Antofagasta
Milko Caracciolo, concejalía popular San Antonio
Claudia Arriagada, Concejala Concepción
Miguel Fonseca, académico y activista de DD.HH.
Dauno Tótoro Navarro, activista de DD.HH.
Julio Oliva, comunicador social y activista de DD.HH.
Carlos Maureira, activista de DD.HH.
Ana Baeza, académica U de Chile
Javier Rebolledo, periodista
Andrés Figueroa, Congreso de los Pueblos-Capítulo Chile, periodista
Atilio Herrera Ortiz, Dirigente sindical de Atención Primaria de Salud
Aurora Valdebenito, dirigenta Comité de Vivienda Nuevo Amanecer, PAC
Pamela Contreras, activista feminista seguida por la PDI
Partido Igualdad
Partido de Trabajadores Revolucionarios – PTR
Cooperativa Juntxs Compremos
Colectivo TejeR
Colectivx La Milpa
Movimiento Socialista de las y los Trabajadores – MST
Movimiento Anticapitalista
Fuerza 18 de octubre
Núcleo Digüeñe
Huerterxs de la Escuela Pública Comunitaria
Pan y Rosas – Teresa Flores
Isidora – mujeres en lucha
