Por Andrés Figueroa Cornejo
Tras dos semanas del llamado «paro» de Santa Cruz de la Sierra, uno de los 9 departamentos que constituyen el Estado Plurinacional de Bolivia, y que, pese a su escasa convocatoria, ha ocasionado problemas económicos, sociales, de acceso a la salud, educación, trabajo y movilidad a la población de la región, ya se advierten fricciones y eventuales quiebres en la conducción política de los representantes de los intereses del sector más autoritario, conservador y racista de la oligarquía agroindustrial cruceña, apalancada por Washington.
De acuerdo a fuentes de las autoridades de derecha de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho, rostro central de la ultraderecha sediciosa del país, fue destinado a asistir a los puntos de bloqueo, pero no a negociar con el Gobierno Nacional ni con ninguna otra instancia, debido a su «carácter sanguíneo» y sus episodios de euforia desatada. Para las conversaciones en los espacios de diálogo y acuerdos sobre la fecha del Censo de Población y Vivienda, la gran excusa del paro, quedó el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar.
La decisión de la camarilla sediciosa habría sido comunicada por el propio jefe del denominado Comité Interinstitucional, fachada del neofascismo, Rómulo Calvo a Camacho. De hecho, desde que estalló el conflicto sobre la programación del proceso censal y antes del propio paro, Camacho dejó de ir a las diversas instancias a nivel nacional donde se trató el tema.
En otras palabras, la banda de extrema derecha cruceña, que no ha escatimado en alentar el violentismo entre grupos racistas contra la población sencilla de Santa Cruz, funciona con un personaje bueno y otro malo. El rector Cuéllar, a riesgo de amenazas de «muerte civil» provenientes de su propio sector, sería quien llevaría las conversaciones con las autoridades gubernamentales y el resto de la arquitectura estatal y social de Bolivia, mientras que Camacho se dedicaría a mostrar los dientes y hacer las bravatas incendiarias.
Ahora bien, de la asignación de roles se ha pasado a una división real entre la fracción que representa Cuéllar y la que lidera Camacho. Lo que parecía en principio un simple juego de roles, ha evolucionado hacia un quiebre concreto a causa de los emplazamientos cada vez más serios y públicos entre los implicados.
Las razones de fondo tienen que ver con los objetivos que persiguen ambos actores. Cuéllar, al parecer, efectivamente estaría tras un acuerdo respecto del registro censal propiamente tal; mientras que Camacho, incluso desde hace mucho antes de la actual coyuntura, está instrumentalizando el Censo para intentar desestabilizar el proceso de cambios que vive el país y al propio Gobierno Nacional, con fines golpistas.
Por si fuera poco, también existirían diferencias entre los intereses oligárquicos que representa Rómulo Calvo y los que encarna Camacho. Es decir, su pugna expresaría los conflictos objetivos de unos y otros grupos económicos y empresariales cruceños.
De irse desenvolviendo con mayor claridad estas contradicciones, de acuerdo al curso de los propios acontecimientos en torno al Censo, el movimiento sedicioso terminaría por debilitarse mortalmente.
Por otra parte, el mandatario del país, Luis Arce, continúa generando todos los espacios que sean necesarios para resolver y consensuar lo antes posible los aspectos técnicos del Censo. Al respecto, y en el marco de la inauguración de la amplia mesa técnica censitaria este sábado 5 de noviembre, Arce ha señalado que el cronograma preciso de la aplicación del empadronamiento debe fundarse sobre la democracia, calidad, inclusión y eficacia.
Ello significa que es preciso que las condiciones tecnológicas, de capacitación y metodología, garanticen que cada una de las bolivianas y bolivianos, independientemente de su situación geográfica o climática, cuente con el derecho a ser censado porque esos datos son decisivos a la hora de adoptar las políticas públicas destinadas al mejoramiento y progreso de toda la población.
La mesa técnica que fijará todo lo que compete al Censo está compuesta por gobernadores departamentales, ediles, autoridades universitarias del Estado, profesionales de cada uno de los municipios, representantes de la autonomías indígenas, el Instituto Nacional de Estadísticas y expertos internacionales del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Centro Latinoanericano y Caribeño de Demografía. El completo equipo es presidido por el ministro de Planificación Social y Desarrollo, Sergio Cusicanqui.
