Por Andrés Figueroa Cornejo
Agrupaciones de derechos humanos interpusieron acciones legales contra Dina Boluarte y su régimen por los crímenes con resultado de muerte cometidos en diciembre de 2022 sobre 6 habitantes de Apurímac, y casi 90 heridos.
Los denunciantes señalaron que 5 de las víctimas cayeron por proyectil real y que la mayor fallecida de todos fue una muchacha de 19 años de edad.
El trámite jurídico contra los jerarcas de la dictadura cívica militar contempla pruebas audiovisuales, documentación y registros testimoniales.
La acción legal anterior se agrega a las pesquisas que está efectuando el Ministerio Público sobre la responsabilidad de las policías en la masacre de por lo menos 8 personas, el 15 de diciembre de 2022, en Ayacucho.
Asimismo, y esta vez desde el norte del Perú, el presidente del Frente de Defensa de Cajamarca y expresidente de las rondas campesinas, Ydelso Hernández, sostuvo que Piura, Lambayeque, San Martín y Trujillo han confirmado su adhesión al paro convocado para el 18 y 19 de febrero próximos. Solo falta que aseguren las regiones de Cajamarca y Áncash.
El movimiento popular y democrático reivindica la salida inmediata de Dina Boluarte, el establecimiento de un gobierno transitorio, comicios generales este 2023, el llamado a una asamblea constituyente, el fin de la represión criminal, y juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de alrededor de 80 personas asesinadas durante las manifestaciones antidictatoriales.
