Por Rodrigo Durão Coelho
Hace exactamente tres años, el 26 de febrero de 2020, Brasil registró su primer caso confirmado de covid-19. El paciente era un hombre de negocios de 61 años que había estado en Italia entre el 9 y el 20 de febrero de ese año. Viajó a la región de Lombardía, en el norte del país, y regresó a Brasil el 21 de febrero. El día 23, el empresario presentó los primeros síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Fue monitoreado por las autoridades de salud hasta que se confirmó el diagnóstico.
Desde entonces, el país ha enfrentado una crisis sanitaria sin precedentes, que se ha cobrado la vida de casi 700.000 brasileños. Además del sufrimiento de las familias de las víctimas, Brasil también sufrió las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. En ese contexto, se creó el CPI de Covid en el Senado Federal, con el objetivo de investigar las acciones y omisiones del gobierno federal frente a la pandemia. Entre los imputados se encuentran ministros, exministros, autoridades de salud y empresarios que jugaron un papel importante en las decisiones tomadas por el gobierno federal para combatir la pandemia.
Sin embargo, a pesar de las diversas pruebas presentadas por la CPI, hasta el momento ninguno de los 81 imputados ha sido condenado por las políticas negacionistas y antivacunas del gobierno de Jair Bolsonaro y aliados. Algunos de los testimonios en el CPI revelaron que el gobierno federal se negó a adquirir vacunas en tiempo y forma, además de difundir información falsa sobre tratamientos ineficaces y minimizar la gravedad de la pandemia.
Bolsonaro, por ejemplo, fue procesado por los siguientes delitos: prevaricación, charlatanería, epidemia con resultado de muerte, violación de medidas preventivas de salud, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delitos de responsabilidad (violación de los derechos sociales y incompatibilidad con la dignidad, el honor y el decoro del cargo) y los crímenes de lesa humanidad (en forma de exterminio, persecución y otros actos inhumanos).
Entre los principales temas que aborda la comisión se encuentran la falta de planificación y organización en la compra y distribución de vacunas. El CPI investigó la demora del gobierno federal en la adquisición de vacunas, además de posibles irregularidades en contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Salud. La promoción de tratamientos ineficaces sin prueba científica: la comisión investigó el papel del gobierno federal en la promoción de medicamentos como la cloroquina y la ivermectina, que no tienen eficacia comprobada contra el Covid-19, además de posibles irregularidades en la distribución de estos medicamentos en todo el país.
Además de estos temas, el CPI también investigó la conducta del gobierno federal en relación con el aislamiento social, el uso de mascarillas, la falta de oxígeno en los hospitales, la demora en abrir camas y la falta de transparencia en la divulgación de datos sobre la pandemia. A lo largo de su trabajo, el CPI consultó a varias autoridades y especialistas, además de representantes del gobierno federal, y presentó un informe final con varias recomendaciones y denuncias.
El escándalo de Covaxin tampoco fue castigado
El escándalo Covaxin también fue una de las principales investigaciones realizadas por el CPI Covid-19. El caso involucró presuntas irregularidades en la compra de la vacuna india Covaxin por parte del gobierno federal. La denuncia surgió en junio de 2021, cuando el funcionario del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, manifestó en testimonio al CPI que habría sufrido atípicas presiones para acelerar la importación de la vacuna.
La compra de Covaxin por parte del gobierno federal se realizó a través de un contrato intermediado por la empresa brasileña Precise Medications, que habría presentado valores sobrevaluados para la adquisición de las dosis. Además, la negociación con Bharat Biotech, fabricante de la vacuna, habría estado marcada por sospechas de irregularidades y favorecimientos a empresas vinculadas a parlamentarios.
El escándalo provocó la renuncia del entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello, y la apertura de una serie de investigaciones por parte de los órganos de control. El CPI Covid-19 realizó varias audiencias con los involucrados en el caso, y presentó un informe final con recomendaciones para investigar y sancionar a los responsables de posibles irregularidades en la compra de Covaxin. Pero hasta el momento, nadie ha sido condenado.
Los imputados por el CPI no tienen condena
El CPI Covid investigó a varias autoridades y empresas que estuvieron involucradas en las políticas adoptadas por el gobierno federal durante la pandemia. En la lista figuran nombres como Pazuello y Marcelo Queiroga, exministros de Salud, Carlos Wizard, empresario investigado por supuesta participación en una “oficina paralela” de asesoría al presidente Jair Bolsonaro, y la farmacéutica Pfizer, que tenía negociaciones para la venta de vacunas. Los imputados son responsables de una serie de delitos, desde corrupción hasta delitos contra la salud pública.
Recuerda algunos de ellos:
Eduardo Pazuello: exministro de Salud en el gobierno de Bolsonaro. Pazuello es investigado por negligencia en la conducción de la pandemia, incluido el retraso en la compra de vacunas y distribución de oxígeno en Manaus.
Carlos Wizard: empresario y exasesor del Ministerio de Salud. Wizard es investigado por supuesta participación en una supuesta “oficina paralela” de asesoría al presidente Jair Bolsonaro respecto a la pandemia.
Nise Yamaguchi: médica y simpatizante de Bolsonaro. Yamaguchi es investigada por su participación en asesorar al presidente sobre el uso de medicamentos sin prueba científica en el tratamiento de la Covid-19.
Mayra Pinheiro: secretaria del Ministerio de Salud, conocida como “Capitã Cloroquina”, es investigada por su participación en asesorar al gobierno federal sobre el uso de medicamentos sin eficacia comprobada.
Marcelo Queiroga: exministro de Salud en el gobierno de Bolsonaro. Queiroga está siendo investigado por su papel en el manejo de la pandemia, incluida la falta de transparencia en la divulgación de datos y el retraso en la adquisición de vacunas.
Fábio Wajngarten: exsecretario de Comunicación del gobierno de Bolsonaro. Wajngarten está siendo investigado por supuesta participación en irregularidades en la adquisición de vacunas y por la falta de campañas publicitarias de concientización sobre la pandemia.
Luciano Hang: empresario y simpatizante de Bolsonaro. Hang es investigado por supuesta participación en la “oficina paralela” que asesora al presidente sobre la pandemia.
Filipe Martins: asesor internacional del presidente Bolsonaro. Martins es investigado por su participación en el asesoramiento al presidente sobre la pandemia.
Arthur Weintraub: exasesor especial de la Presidencia de la República. Weintraub está siendo investigado por su participación en la asesoría al presidente respecto a la pandemia y por su defensa del llamado “tratamiento temprano”.
Élcio Franco: exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud. Franco es investigado por supuesta negligencia en el manejo de la pandemia, incluido retraso en la compra de vacunas y falta de oxígeno en Manaus.
Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2023/02/26/700-mil-mortos-nenhum-condenado-brasil-completa-3-anos-do-primeiro-caso-de-covid-sem-punicoes
