El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, STF, determinó la liberación de 102 detenidos luego de las acciones del golpe de Estado del 8 de enero que resultó de la ocupación de los tres poderes en Brasilia.
Pese a que se les permite retornar a sus lugares de origen, los liberados serán monitoreados mediante tobilleras electrónicas y sujetas a una serie de medidas de precaución.
Entre los requisitos para liberar a los aprehendidos el ministro dispuso del confinamiento domiciliario por la noche y los fines de semana, la prohibición del uso de las redes sociales, la cancelación de pasaportes, la suspensión del porte de armas, la obligación de asistir semanalmente a la Justicia y la prohibición de comunicación con otros investigados.
De los 1.400 detenidos durante los hechos de enero, alrededor de 800 se mantienen bajo custodia. El ministro resolvió dejar en libertad a los presos con comportamientos estimados como menos graves.
Por otra parte, el ministro de Moares, también decidió que el STF juzgará a los civiles y militares que estuvieron involucrados en el atentado de golpe de Estado.
El juez destacó destacó la competencia del STF para el caso, sin distinguir civiles y militares y autorizó a la Policía Federal a iniciar una investigación por eventuales delitos cometidos por militares.
El magistrado argumentó su dictamen en el Estatuto Antiterrorista que establece que en actos que atentan contra la democracia la Justicia no está asociada a la función militar, que tiene su propia jurisprudencia.
