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Se trata de la primera acción constitucional en favor de las personas viviendo con VIH en Chile cuando a la fecha se han reportado dos personas fallecidas a causa de esta grave infección que afecta mayoritariamente a hombres que tienen sexo con hombres y a personas VIH positivas. “¿Cuántos muertos debemos esperar para ser vacunado?”, declara el recurrente, calificando la resolución de los tribunales de justicia como una “esperanza para la comunidad de personas que vivimos y luchamos con VIH/SIDA en Chile”.

Debido a la visibilidad que ha obtenido Héctor Llaitul en virtud de montajes jurídico-políticos urdidos en su contra, y de los que ha salido en libertad y sin penalizaciones, ahora es el turno del gobierno de Boric intentar aniquilar a Héctor Llaitul, hijo de la resistencia de un pueblo originario que lleva 500 años luchando por sus derechos.

Mediante cadena nacional de medios masivos de comunicación, el Jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, con firmeza, claridad y convicción, se refirió a los dolores sociales y daños en todas las dimensiones que comportó el paro cruceño promovido y convocado por el llamado Comité Cívico Interistitucional, cuyos procedimientos fascistas y criminales que dejaron una estela de muerte, heridos, violaciones grupales, entre innumerables delitos, sólo persiguió intentar desestabilizar al Gobierno Nacional, sin ningún éxito.

Los dirigentes populares exigieron al gobierno nacional que, luego de 5 meses de espera, dé respuesta a los 218 acuerdos firmados, y aclararon que los beneficios pactados son para todo el país y no sólo para las agrupaciones negociadoras. Asimismo, puntualizaron que continúan en pie de lucha, único camino con el que cuentan para defender sus derechos.

El sentido de esta actividad es dar inicio a una semana de múltiples actividades con el fin de conmemorar el día internacional de los Derechos Humanos, pero por sobre todo seguir exigiendo justicia y haciendo memoria por aquellos compañeros y compañeras que ya no se encuentran con nosotros y nosotras, que fueron luchadores sociales reprimidos por la dictadura cívico militar tras el Golpe de Estado de 1973.

Las organizaciones internacionales que firmamos está carta denunciamos la gravísima situación de riesgo que corre la vida de las y los líderes sociales, defensoras/res de Derechos Humanos y ambientales, quienes trabajan en los proyectos comunitarios, comerciantes y en general de la población del departamento de Arauca. Está situación derivada hoy de las amenazas, acciones contra sus vidas y bienes comunitarios por parte del grupo armado ilegal conocido como disidencias de las extintas FARC.