Andrés Figueroa Cornejo
El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) afirmó que, «Cuando el Gobierno progresista intenta hacer reformas se atraviesa la rancia élite, opuesta a que el país cambie, reacción que encabezan varios poderes estatales como la Fiscalía General y la Procuraduría, incitados también por poderes foráneos», y agregó que, «El mal Gobierno anterior (2018-2022) fue duramente cuestionado por el Estallido Social de 2021, que rechazó al viejo régimen por perseguir opositores y concentrar la riqueza en la élite dominante, mientras multiplicaba la desigualdad social».
Asimismo, la agrupación revolucionaria evaluó que la actual administración de la Casa de Nariño, conducida por Gustavo Petro y Francia Márquez, han debido enfrentar muy duros obstáculos para intentar llevar adelante reformas favorables a las mayorías sociales, pero que la minoría enemiga de los cambios no sólo se ha opuesto a ellos, sino que obtiene ingentes ganancias con la crisis que afecta al país.
También el ELN explicó que el presente Ejecutivo progresista ha buscado construir pactos con el viejo sistema de partidos políticos con el propósito de que el Congreso vote algún proyecto de ley de reforma, trocando apoyos coyunturales por cuotas de participación en el Estado, tal cual ha sido la práctica histórica del régimen dominante. Los resultados concretos de la táctica de gobierno, hasta ahora, sólo producido frutos amargos y parciales, opinó la guerrilla camilista.
Mientras la administración de Petro ha manifestado que está en contra de toda clase de persecusiones a sus opositores, la elite más recalcitrante y autoritaria del país sí emplea la persecusión, el hostigamiento y toda la dimensión de sus poderes para enfrentar las transformaciones que intenta promover el gobierno nacional, indicó la insurgencia rojinegra.
En la misma línea analítica, el ELN explicó que, con el fin de cautelar los intereses de Washington en Colombia, la Casa Blanca envía todas las semanas a algún funcionario para testear el cumplimiento de los acuerdos con el antiguo régimen, además de presionar al Gobierno de Petro para que no se aparte del camino capitalista neoliberal, echando mano a sus peones que hacen parte del Estado colombiano.
La fuerza rebelde calificó el momento político colombiano como «de cambio, porque es la voluntad que expresan las grandes mayorías, lo que impone a todas las fuerzas políticas un Mandato que no pueden esquivar, a menos que quieran ser relegados al cuarto de los muebles viejos. Igualmente, potencias que han vivido del colonialismo y el imperialismo, están llamadas a respetar los anhelos de paz con justicia social, democracia y soberanía que reclama el pueblo colombiano».