Andrés Figueroa Cornejo
Al igual que en Chile, y aprovechando la aplicación de «la muerte cruzada», el presidente autócrata de extrema derecha habilitado para dictar leyes por decreto, Guillermo Lasso, rubricó una ley de Gatillo Fácil para militares y policías, denominada Ley sobre el Uso Legítimo de la fuerza.
Según Lasso, la normativa estaría formulada para ‘defender a los ciudadanos y proteger sus libertades’, toda vez que organizaciones de Derechos Humanos y dirigentes sociales del movimiento popular condideraron la ley como una nueva manera «de ofrecer impunidad a soldados y policías para el empleo de armamento bélico por sospecha, cuestión que constituye una promesa de tragedias y muerte para las disidencias políticas y sociales del régimen».
Lasso dijo que ahora los instrumentos legales respaldan a los uniformados y guiarán a jueces y fiscales para que no condenen a ningún uniformado y que de ser el caso se puedan defender en libertad y no pierdan su trabajo.
El lugarteniente en materia de seguridad interna de la dictadura, Wagner Bravo, señaló que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza tiene el propósito de que toda la población civil conozca cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para usar la fuerza de manera progresiva, desde «la presencia de la autoridad» hasta «el uso de la fuerza letal», y agregó de manera amenazante que «la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos analicen la ley y el reglamento para que continúe el debate, crezca la convivencia pacífica y disminuyan los índices de violencia que tiene el país».
La ley de Gatillo Fácil ecuatoriana fue anunciada el 1 de junio y otorga mayores facultades para el uso y abuso de su poder de fuego a la policía, Fuerzas Armadas y a la vigilancia carcelaria.
